Las propuestas para el empleo en la disputa electoral

En términos macroeconómicos, el nivel de empleo depende del crecimiento económico, de la estructura de la producción y del impacto de la productividad. Si el producto por trabajador (la productividad) y la estructura la producción (por ejemplo, sectorial) son constantes, a mayor crecimiento habría mayor empleo. Si en cambio, el crecimiento se centra en sectores que generen poco empleo, en detrimento de los que más lo hacen, no se generaría tal mejora.  La productividad genera tanto efectos negativos (desplazamiento de trabajadores frente a cambios tecnológicos) como positivos, por el impacto en el empleo de nuevos sectores de actividad, encadenamientos productivos y aumento en la producción. Por lo tanto, el empleo depende toda la estrategia de desarrollo de una sociedad, de la participación de todos los actores sociales y no sólo de decisiones individuales de oferentes y demandantes de trabajo. 

Sin embargo, en ninguna oferta electoral se plantea una política que presente una perspectiva estructural y sistémica para mejorar el empleo.  

En el caso del bloque de los partidos tradicionales (PRI-PAN-PRD), parecería que bastara con dos acciones: aumentar las facilidades a la inversión para que las empresas generen empleo e impulsar procesos de capacitación, para que los trabajadores sean más productivos. Se olvidan que gran parte de la inversión directa es de fusiones y adquisiciones y infraestructura preexistente (no genera automáticamente empleo) y que dada la situación financiera internacional, predomina la inversión especulativa en los mercados de dinero y de capitales, que no garantiza ninguna generación de empleo. El mayor generador de empleo son las microempresas, que se encuentran asfixiadas en un país de gran poder monopólico. En cuanto a la capacitación, parecería que los únicos que requieren capacitación son los trabajadores y no los directivos y tomadores de decisiones. Si apostamos por un país maquilador, la capacitación servirá para reproducir tareas y obedecer, no para ser creativos, críticos y propositivos. No puede desligarse la capacitación del sentido de sociedad que buscamos. En suma, las propuestas centradas en las perspectivas más ortodoxas de mercado de trabajo, son un flaco favor para la mejora en la cantidad y calidad del empleo. 

Tanto en la propuesta del bloque gobernante como en la oferta de Movimiento Ciudadano, el eje de las propuestas refiere la mejora salarial. Es un avance significativo con respecto al pasado reciente, previo al 2018, pero el empleo se refiere sólo a quienes ganen salario mínimo y menos aún sólo a los asalariados formales.  En estas propuestas hay una búsqueda cumplimiento del monto que debería ser para que se cumplan las disposiciones legales sobre la cuantía del salario mínimo, pero no advierte sobre los mecanismos para que el trabajo digno sea proporcionalmente creciente y abarcativo para el conjunto de la población ocupada. Puede aumentar el salario mínimo (¡y qué bueno!), pero también la proporción de ocupados con ingresos menores al mínimo.   

El construir una auténtica política de empleo supondría ir mucho más lejos y no restringirla a bolsas de trabajo, mecanismos de intermediación laboral, cursos de capacitación, una educación centrada en lo que las grandes empresas requieran o subsidios que favorecen sobre todo a los grandes corporativos. La política de empleo no es un asunto exclusivo de una Secretaría del Trabajo estatal o federal, sino una responsabilidad toda la acción pública, del sector privado, del ejercicio de derechos laborales por parte de los trabajadores, de la construcción de propuestas fundadas y no dogmáticas por parte de las instituciones académicas, etc. 

La política de empleo tendría que implicar los criterios para priorizar qué sectores, que tamaño de empresas o qué regiones se deben impulsar para mejora las condiciones de trabajo. Implicaría actuar sobre una lógica de financiamiento que priorice a las unidades de menor tamaño y a las formas de organización social y solidaria; supondría una regulación estricta y efectivamente aplicada anti monopolios y oligopolios, que permitiera que las pequeñas unidades económicas efectivamente pudiesen competir y desarrollarse; supondría una política tecnológica propia para desarrollar nuevos sectores, una política de compras gubernamentales centrada en apoyos y alianzas con pequeñas unidades económicas y no con grandes proveedores y clientes; la promoción de formas de organización productiva con mucho mayor participación delos trabajadores y estabilidad laboral. En suma, implicaría pensar en un país que realmente rescate la inteligencia colectiva de su sociedad y no sólo en un supuesto mercado que solito tienda al equilibrio o en la constitución de clientelas políticas.